“Llevo dos años aquí y no tengo derecho a nada. No me puedo enfermar. El otro día, un vecino me empezó a tirar piedras, diciéndome ‘eres venezolana’”.
Este testimonio de una mujer venezolana en Curazao es sólo uno de los muchos que se escuchan en esta isla, donde miles de migrantes venezolanos viven ocultos, con miedo y sin protección.
Curazao, país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, ubicado frente a la costa venezolana, alberga a un estimado de entre 13 mil y 17 mil inmigrantes de esta nacionalidad, que huyeron de la crisis política y económica del país sudamericano.
A pesar de ser destino de uno de los movimientos de desplazamiento forzado más grandes del mundo -casi 8 millones de personas desplazadas- Curazao no ha implementado mecanismos de protección que garanticen los derechos y la dignidad de estas personas.
Por el contrario, las autoridades han adoptado lo que denominan una “estrategia de remoción activa”, arrestando, deteniendo y deportando sistemáticamente a venezolanos con estatus migratorio irregular. Una violación sistemática de los DDHH de los migrantes venezolanos en Curazao.
Estas acciones a menudo se realizan sin debido proceso ni acceso a protección legal, en violación directa del derecho internacional de los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional, Refugees International y defensores de Derechos Humanos locales han documentado decenas de casos de abusos, que van desde detenciones arbitrarias hasta separación familiar y deportación de menores.
Miedo y explotación
Una misión de verificación de hechos realizada por Refugees International reveló un clima de miedo generalizado. Muchos venezolanos, especialmente mujeres, viven en las sombras, evitando espacios públicos y actividades sociales.
La mayoría sólo sale de sus casas para trabajar o comprar productos esenciales. “Aquí vivo encerrada”, confesó una mujer.
Las oportunidades laborales se limitan al sector informal, donde los trabajadores frecuentemente son mal pagados -o no reciben pagos en absoluto-; el temor a ser deportados inhibe la denuncia de los abusos.
“Muchas veces no nos pagan. Si dices algo, te amenazan con llamar a la policía”, señaló otra señora.
Las mujeres enfrentan vulnerabilidades aún mayores. Varias compartieron experiencias de abuso físico por parte de sus parejas y de coerción para ejercer la prostitución.
En un caso, una mujer temía denunciar a su agresor: “me golpeaba y quería llamar a la policía, pero temía que me deportaran y dejaran a mi bebé aquí”.
Sistemática violación de los DDHH de los migrantes venezolanos
El informe más reciente de Amnistía Internacional, Todavía sin seguridad: los venezolanos a quienes se les niega la protección en Curazao, expone un patrón de violación de los DDHH de los migrantes venezolanos en la isla, incluyendo:
- Detención automática e indefinida: Los venezolanos son detenidos de manera rutinaria al llegar o durante redadas migratorias, a menudo sin una base legal clara ni límite de tiempo.
- Condiciones inhumanas: Los “Barracones de Extranjeros” en la prisión SDKK albergan a detenidos en condiciones de hacinamiento, aislamiento y abusos físicos. Se reportan golpizas, desnudez forzada y tortura psicológica.
- Separación familiar: Se detiene a niños y se les separa de sus padres. En varios casos, los menores fueron deportados sin que sus familias fueran notificadas o pudieran tener contacto con ellos.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Miguel, quien fue detenido en la prisión SDKK y baleado con balas de goma durante una protesta.
“Nos dañaron psicológicamente para asegurarse de que nos fuéramos de la isla”, recordó, describiendo como fue sometido a tortura con ruido constante y desnutrición que lo hicieron perder 35 kilos en cinco meses.
En otro caso, los dos hijos adolescentes de Yusmari fueron deportados sin su conocimiento mientras ella esperaba la autorización para visitarlos en el centro de detención.
“Cada vez que llamábamos, llorábamos”, relató.
Complicidad en la violación de los DDHH de los migrantes venezolanos
A pesar de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, el gobierno de Países Bajos ha apoyado a las autoridades de Curazao mediante cooperación militar, equipos de vigilancia y operaciones de guardacostas destinadas a disuadir la llegada irregular de migrantes.
En 2019, personal militar neerlandés custodiaba a venezolanos detenidos ilegalmente antes de su deportación colectiva.
Amnistía Internacional sostiene que Países Bajos comparte responsabilidad por esta violación de los DDHH de los migrantes venezolanos, al no establecer salvaguardas de Derechos Humanos ni mecanismos de monitoreo independiente.
“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos haya apoyado a las autoridades de Curazao en la captura, detención y deportación de personas que huyeron de Venezuela en busca de seguridad”, declaró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Llamado a reformas
Organizaciones defensoras de Derechos Humanos están instando tanto a Curazao como a Países Bajos a actuar frente a la violación de los DDHH de los migrantes venezolanos. Entre las recomendaciones clave se encuentran:
- Establecer un procedimiento de asilo justo y transparente.
- Conceder estatus legal temporal y acceso a atención médica y empleo.
- Prohibir la detención y deportación de niños.
- Realizar investigaciones independientes sobre los abusos denunciados.
- Garantizar que el gobierno neerlandés imponga salvaguardas cuando coopere con las autoridades curazoleñas en materia migratoria.
La difícil situación de los migrantes venezolanos en Curazao sigue siendo una de las crisis más invisibilizadas del Caribe.
Con mayor escrutinio internacional y presión sostenida, aún existe la esperanza de que ambos gobiernos se vean obligados a actuar y pongan fin a las injusticias sistémicas que enfrentan quienes buscan refugio en la isla.
Desaparecidos de Falcón: detenciones y sentencias con poca investigación del Estado
Las familias de las víctimas desaparecidas en altamar manifiestan sentirse burladas por los organismos judiciales y han solicitado ayuda a diferentes organizaciones nacionales e internacionales.
Cuando se habla de las migraciones irregulares en Falcón, uno de los casos que sale a la luz es el de La Vela, en Coro, ocurrido en junio de 2019 y por el que 33 personas permanecen desaparecidas.
Aunque hay una sentencia firme contra los culpables del caso, los parientes de las víctimas no consideran que se haya hecho justicia, pues saben que sus seres queridos no volverán a sus hogares si no se les busca.
Irregularidades en función continuada
Para la ONG Mayday Confavidt (Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las costas de Venezuela), el Estado venezolano ha cometido diversas irregularidades y desaciertos.
Las familias de las víctimas han manifestado sentirse burladas por los organismos judiciales.
Jhonny Romero, director nacional de Mayday Confavidt, detalló que esperaban, en el caso de la lancha desaparecida, que a los detenidos les dieran una sentencia de entre 15 y 20 años por los delitos de tráfico de personas, asociación para delinquir y trata de personas. Sin embargo, el Tribunal de Tucacas, en el estado Falcón, desestimó estos dos últimos delitos.
La sentencia fue de siete años para Danilo y Danny Rafael, alias «los Picapiedras»; Jesús Antonio Viera Salas, conocido por los inmigrantes como «El Chucho»; y Endri José Gutiérrez Hernández, «el Wilo», organizador principal del viaje.
El quinto acusado por el caso de La Vela, Raúl Garcés, fue absuelto, porque no se pudo comprobar que tuviera relación con los sentenciados.
Presentan en la ONU violación de los DDHH de los migrantes venezolanos
La búsqueda incesante de los familiares, que han solicitado ayuda a diferentes organizaciones nacionales e internacionales, dio como resultado que el caso de los desaparecidos de La Vela se convirtiera en referencia en la presentación del 42º Informe de la ONU (2021) sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, cuando la Alta Comisionada Michelle Bachelet dejó claro que en el país hay trata de personas con destino a las islas del Caribe y que se producían desapariciones forzadas.
Romero aseguró que de ser posible, presentarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.
«Estamos en el proceso de sustanciar el expediente para que nos escuchen las autoridades internacionales y haya, idealmente, una revisión de todo lo que se hizo para ver si se puede comenzar por fin a buscar a los familiares, porque lo que queremos es que los busquen, nosotros no ganamos nada con ellos presos (los organizadores del viaje). Lo que queremos es que nuestros familiares vuelvan».
Viajes clandestinos Paraguaná- Aruba
Entre marzo de 2020 y diciembre de 2023 han sido reportados otros tres casos de desapariciones en altamar en la península de Paraguaná.
El primero se suscitó el 17 de marzo de 2020, cuatro días después de que se declarara la cuarentena por la pandemia del Covid-19. Diecisiete personas zarparon de forma clandestina desde la playa de Tiraya, municipio Falcón, a bordo de la embarcación «La Encontrada», con destino a Aruba, pero nunca llegaron a la isla.
Cinco años han transcurrido y sus familiares no se cansan de pedir búsqueda y justicia: «Nosotros seguimos buscando e investigando, en verdad no nos han apoyado en la búsqueda», señala Elisa Vargas, esposa de uno de los desaparecidos de Tiraya.
Quienes han llevado la mayor parte de la investigación han sido los parientes. La investigación se abrió por desaparición de personas, pero fue calificada de trata de personas debido a las pruebas presentadas por los familiares de las víctimas.
De los 17 desaparecidos, un cuerpo fue recuperado en las costas de la Guajira colombiana: el de Eduardo Córdoba. Parientes indicaron que la fiscalía determinó que había fallecido por ahogamiento y que no tenía signos de violencia. Su familia no ha podido repatriar el cadáver.
Detenidos por el «caso Tiraya»
Por este caso hubo ocho detenidos: Andy Reyes, hermano de uno de los desaparecidos y suegro de otro; Alexander Refunjol, Otilio Chiquito, Ricardo Aguillón, José Luis Aguillón; y Roger Lugo, alías «Bubalú», quien era funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para el momento del suceso.
Lugo estaba de permiso por problemas de salud y le otorgaron una medida sustitutiva de libertad. A Bladimir Colina y Víctor José Romero los dejaron en libertad al determinar el juez que eran pasajeros de la embarcación.
Están prófugos y con alerta roja de Interpol Atilio Refunjol, Carlos Molleja, Kelvin Hurtado, Javier Miranda y José Ángel García Colina.
Cambios y suspensiones
Nueve han sido los fiscales que han pasado por la Fiscalía XIII, que lleva el caso: Yasmir Castillo, Mathías Pirona, Abigail Valbuena, Anderson Lugo, Elsy Villegas, Carlos Lugo, Néstor Barrera, Yeisa Hernández (fiscal Nacional) y Andrés Ramos, que tomó el caso el 25 de enero de este año.
El juicio estuvo suspendido desde el 23 de septiembre de 2024, cuando los familiares introdujeron una recusación por haber visto a la juez Marielvis Sánchez conversando con los abogados y uno de los detenidos en la sala de juicio.
Estas audiencias fueron reprogramadas para el 18 de febrero por no haber suficientes pruebas, pero también se suspendieron porque los detenidos en la Comunidad Penitenciaria de Coro no fueron trasladados, presuntamente por no haber recibido la notificación del Ministerio Público.
Se reprogramaron para el 19 de febrero, vía telemática, situación que rechazaron los familiares porque ellos quieren estar presentes durante el proceso.
De esta audiencia los parientes no recibieron respuesta de parte del fiscal asignado, sin embargo, se pudo conocer de manera extraoficial que la audiencia fue suspendida.
Los parientes solicitan un proceso justo y que se les informe sobre los resultados.
«Queremos que sea un proceso justo, que el fiscal del caso haga su trabajo. Queremos ser testigos en las audiencias porque es lo legal. Cada día salen cosas que no nos favorecen y están sucediendo cosas que no deberían pasar. Acudimos a la Fiscalía y salimos con las mismas preguntas con las que llegamos». -Damarys Arias.
Desaparecidos de Buchuaco y la carta rogatoria
La embarcación de nombre «La Rogui» zarpó de la playa Buchuaco, del municipio Falcón, el 9 de diciembre de 2023, con nueve migrantes que tenían como destino Aruba.
La lancha fue encontrada en la isla de San Andrés, Colombia, tres meses después de haber sido reportada como desaparecida, con un cuerpo y su respectiva documentación. El cadáver estaba atado a la lancha.
Tras el hallazgo, las autoridades colombianas contactaron a los familiares de todos los desaparecidos, quienes participaron en una prueba de ADN gratuita que le hicieron a más de 70 personas con vínculos con el fatídico viaje de la embarcación.
Los resultados corroboraron que los restos hallados eran los de Jairo Nicolás Velasco García, uno de los tripulantes de «La Rogui».
Por este caso no hay detenidos, pero sí sospechosos; sin embargo, no se han entregado citaciones para declarar ni órdenes de captura.
Los familiares han solicitado al gobierno venezolano que se haga una carta rogatoria y se envíe a Colombia para que realice una diligencia judicial, se corroboren pruebas o se obtenga información de la investigación emprendida por Colombia, pero la misma no se ha mandado aún.
Dos mil dólares para llegar a Aruba
Otro reporte de desaparición se dio el 22 de marzo de 2023, cuando una lancha partió desde Puerto Escondido, municipio Falcón.
En ella viajaba Leidy Johana Salazar de Moreno, de 40 años, oriunda de San Cristóbal, Táchira.
Había llegado a Falcón con la intención de ingresar a Aruba de forma clandestina por vía marítima.
Su hijo, que la esperaba en la «isla feliz», denunció el caso ante las autoridades y medios de comunicación.
En una primera fase de la investigación, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, mencionó a través de su cuenta de Instagram que hubo cinco detenidos: Edirso Colina, con dos registros por el delito de contrabando; José David Colina, José Daniel Colina, Alcides Lugo y Eudomar Arias. Todos permanecen recluidos en el Cicpc.
El caso lo lleva la Fiscalía XIII por la presunta comisión del delito de trata de personas. En Aruba están detenidos Reangelo Atamper, holandés, y José Núñez, venezolano.
Leidy Johana había cancelado 2 mil dólares para ser trasladada hasta la isla. En alta mar se habría hecho un trasbordo y la víctima pasó a otra embarcación conducida por Reangelo Atamper. No se han divulgado más avances en la investigación.
Caso La Vela en un limbo
«No hubo búsqueda, no hubo investigación y mucho menos va a haber reparación», declaró Jhonny Romero, padre de Jhonny de Jesús, quien desapareció el 7 de junio de 2019, a bordo de la embarcación «Sin Límite», que salió de forma clandestina desde Punta Agüide, en Falcón.
Explicó que, durante los primeros días luego de la desaparición, tuvieron que tomar la carretera nacional Morón-Coro en dos ocasiones para que las autoridades regionales les prestaran atención.
Tras reunirse con las autoridades, les asignaron una comisión de la Policía de Falcón para entrar en la zona.
Después de una semana de búsqueda, las familias decidieron formalizar la denuncia y la presentaron en la Defensoría del Pueblo, pero el defensor los remitió a la Fiscalía.
Pasados los meses, la Fiscalía tomó el caso, pero como lo sucedido fue en Punta Agüide, municipio Acosta, el caso fue remitido a la Fiscalía de Tucacas, municipio Silva, y nombraron a la fiscal V de Delitos Comunes, a quien los familiares tachan de «indolente», pues aseguran que cuando decidió tomar el caso ya habían pasado cuatro meses.
En ese tiempo, indicó Romero, los delincuentes huyeron y las personas que se bajaron de la lancha se habían ido del país.
Romero relató que se informó al Ministerio Público quiénes eran los organizadores del viaje, pero no hubo órdenes de captura ni investigación; fueron los familiares quienes se encargaron de buscar y presentar pruebas.
Él y cuatro personas más se fueron a Punta Agüide en busca de nombres, direcciones, familiares de los implicados en el viaje, lugares de trabajo, etc., y realizaron un seguimiento para luego hacer lo que denominó una «triangulación«.
Los primeros en ser detenidos fueron los hermanos conocidos como «los Picapiedras«. A los otros tres acusados les llevó más tiempo investigarlos, no solo en la zona, sino también en sus redes sociales: Instagram, Facebook e incluso WhatsApp.
Durante el monitoreo, los familiares corroboraron que alías «Chucho» pagaba $100 en las alcabalas para que lo dejaran pasar cuando ya estaba solicitado.
«Él pagaba sus 100 dólares y lo dejaban ir cuando ya tenía orden de captura. Se burló de nosotros haciéndose fotos frente a las alcabalas donde lo detenían. Así de malo y perverso era ese señor».
Mayday Confavidt espera la captura de dos mujeres: Nancy Rujano, esposa presuntamente de uno de «los Picapiedras», que recibía en sus cuentas bancarias los depósitos de los pasajeros (se encuentra fuera del país), y Asereth Paola Gutiérrez Torres, integrante de la banda criminal «los Lobos» (se fue en la lancha), así como de otros implicados que no zarparon.
Expediente sin planimetría forense
Una evaluación importante y que afectó el expediente fueron los resultados de la planimetría forense, que se realizó a petición de los familiares y que nunca fueron entregados.
Jhonny Romero detalló que un equipo forense se trasladó desde Maracaibo, hizo unas mediciones, tomó fotos y los familiares volvieron a declarar, pero toda esa información, según Romero, no está en el expediente.
Añade que hubo un cambio y el caso fue asignado a la fiscal XIX:
«Cuando ella llega, yo le cuento todo y lo último que ocurrió fue esa inspección. Pero me respondieron que ya habían revisado todo el expediente y que eso no estaba ahí, que estaba llamando a Caracas y que en Caracas no sabían nada».
«En el juicio eso fue crucial, porque la jueza se preguntaba cómo era posible que ni siquiera se supiera dónde habían ocurrido los hechos, cuando la prueba de ubicación era esa (planimetría forense), y en el expediente no se sabía dónde habían ocurrido los hechos», enfatizó.
Mayday Confavidt también denuncia que desde la primera vez que se envió la lista con los 33 desaparecidos, incluyendo a los involucrados en la organización del viaje, se debería haber activado la alerta roja para todos ellos. Sin embargo, afirman que cinco años después, algunos todavía no tienen la alerta.
Audiencia por recurso de apelación
Desde el 23 de septiembre de 2024 las audiencias para un recurso de apelación que hicieron los familiares luego de la sentencia que se dio en diciembre de 2023 sobre el caso de los desaparecidos de La Vela han sido diferidas.
Tras varias audiencias diferidas, las familias recibieron en junio la noticia de que la Corte de Apelaciones anuló el juicio y la sentencia de cinco años que habían impuesto a los cinco detenidos por el delito de tráfico de personas. «Tenemos la esperanza de que ahora las cosas se hagan bien y tengamos mejores resultados», manifestó Romero.